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Ecuador reconoce una filtración masiva y apunta a funcionarios del Gobierno pasado

Lunes 16 Septiembre 2019 | 20:39

Ecuador reconoció este lunes que se produjo una filtración masiva de datos de millones de ecuatorianos y apuntó a la responsabilidad de funcionarios del anterior Gobierno, al tiempo que aseguró que no hubo hackeo y que en estos momentos la información está protegida.

"Tenemos una empresa privada ecuatoriana que ha sustraído información posiblemente de dos o tres instituciones públicas, que trabajaron en el régimen del Gobierno anterior", aseguró hoy el ministro ecuatoriano de Telecomunicaciones, Andrés Michelena.
El alto funcionario apuntó a la posible sustracción de datos de las bases del sistema nacional de información creado por el Ejecutivo de Rafael Correa (2007-20017) para "justamente convalidar las bases de datos que tenían en protección social, salud y educación" y que "lastimosamente no se han cuidado los protocolos ni manuales específicos que permitan proteger los datos personales".
En la sede del Gobierno ecuatoriano el ministro se pronunciaba sobre una cuestión que se conocía desde primera hora del día después de que la empresa israelí vpnMentor confiara a Efe la noticia de que datos sensibles de 20 millones de ecuatorianos -entre ellos fallecidos- habían quedado expuestos en un servidor en Miami, pertenecientes a una firma ecuatoriana.
Se trata de la empresa Novastratech S.A., domiciliada en Ecuador y que ofrece servicios de análisis de datos.
Michelena también confirmó que el Gobierno ecuatoriano recibió una alerta el pasado 11 de septiembre y que desde entonces, se está investigando el caso "de una posible vulneración de datos sensibles ecuatorianos en un servidor privado externo ubicado en Miami".
"De forma inmediata, a través de Arcotel (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), aplicamos los protocolos necesarios para proteger datos", prosiguió el titular de Telecomunicaciones quien aseguró que "la información está protegida y resguardada" y que no ha sido objeto de "hackeo, ni ataque a la ciberseguridad del país".
Tras difundirse la información el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió a los dos ministros relevantes, la titular del Interior, María Paula Romo, y al propio Michelena, explicar la situación a los medios y dar cuenta de la investigación en marcha.
Sobre el caso se ha abierto una "investigación penal" ante la posible participación de antiguos "funcionarios públicos", recalcó el ministro.
"Hemos investigado de qué empresa se trata, los dueños de la empresa, dónde han trabajado, efectivamente se dijo que eran funcionarios públicos del régimen anterior", recalcó Michelena quien advirtió de que el Gobierno ha emprendido una acción penal ante la posible vulneración del derecho a la privacidad.
El caso de esta filtración, que aunque Quito asegura está controlada y la información no corre peligro, podría haber sido objeto de análisis de agencias de inteligencia.
En el marco de la ciberseguridad y tras haber sufrido una oleada de 40 millones de ataques cibernéticos días después de que Ecuador interrumpiera el asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en la embajada de Londres, el Gobierno de Moreno viene colaborando con organismos y países expertos.
"Estamos trabajando con varias consultorías para crear una estrategia nacional de ciberseguridad y uno de los países con los que estamos trabajando es Israel, tenemos también consultoría con el BID", refirió al respecto Michelena.
Avanzó que su Cartera elabora una estrategia nacional de ciberseguridad que podría salir a la luz antes de diciembre.
El Ministerio de Telecomunicaciones junto con otros organismos involucrados y de manera transversal han desarrollado un proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que será remitida a la Asamblea Nacional esta semana, con la que se busca la regulación y protección de datos personales.
"Es muy grave la información que hemos recibido en las últimas horas respecto de la vulneración de datos personales de los ecuatorianos", manifestó hoy la ministra del Interior.
Más allá del daño causado, Romo aseguró que "podríamos tener varias responsabilidades y el cometimiento de varios delitos", sin abundar en más detalles antes de que el Ejecutivo analizara el calado de la eventual exposición informática.
"Cuando hemos hablado de estos delitos, del acceso ilegal a servidores, tal vez no le hemos dado la suficiente importancia", lamentó la titular de Interior y recordó las "duras críticas" contra su Gobierno "por poner el tema sobre la mesa e investigar a personas que creemos se dedican a estas" actividades.
Se refería a la detención el 11 de abril del informático sueco Ola Bini, amigo de Assange, y bajo las sospechas de acceso no autorizado a organismos oficiales, cuyo caso sigue en los tribunales. EFE