Actualizado hace: 16 horas 13 minutos
Dinero captado por Alianza País no solo se usó para eventos políticos

Un complejo entramado de corrupción operó dentro de Alianza País (AP) en cuatro años. Datos que reposan en la Fiscalía señalan que entre el 2012 y el 2016, este partido político estructuró un sistema ilícito para recaudar fondos de 18 empresas a cambio de entregarles contratos.

Viernes 12 Julio 2019 | 08:56

Según las investigaciones, esa trama implicaba tener líderes, coordinadores, asistentes y colaboradores, que gestionaban, recaudaban y distribuían el dinero que recibían. En la lista aparecen 39 personas. 

La forma como operó esta organización quedó registrada en el archivo titulado Verde Final, que la Fiscalía halló en la computadora de Laura Terán, una de las asistentes de Presidencia, ahora detenida. 
En el expediente judicial se dice que el dinero captado por AP no solo se empleó para cubrir campañas políticas, como se conocía hasta ahora. En una matriz denominada “egresos” se indican montos destinados, por ejemplo, para “seguridad civil”. De hecho, los documentos detallan que entre las personas que recibieron el dinero de los empresarios están un alto funcionario de la Secretaría Nacional de Inteligencia y un exasesor de la Presidencia, en 2011 y 2012. 
En los documentos se indica que entre el 20 de diciembre del 2013 y el 9 de agosto del 2016 se ejecutaron 41 pagos por este concepto y se desembolsó un total de USD 164 500.
En noviembre y diciembre del 2015 aparecen dos pagos por USD 50 000 cada uno. En el archivo se indica que el dinero también se usó para financiar la campaña de la Federación de Abogados del Ecuador. ? 
La persona que recibió estas cantidades es identificada con las iniciales JSG. En la Fiscalía también se sabe que otros pagos se hicieron para cubrir las fiestas de cumpleaños de Rafael Correa y del excanciller Ricardo Patiño. Para el entonces presidente se destinaron USD 5 000 y para Patiño, USD 2 000. 
Según la matriz hallada en la computadora, estos gastos se desembolsaron el 11 de noviembre del 2013 y el 15 de abril del mismo año, respectivamente. 
El archivo original de los aportes también revela que existe un pago de USD 20 000 que se denomina “préstamo para cubrir el traslado del SP (Señor Presidente) a Tena. Este desembolso se ejecutó el 21 de enero del 2014. El gasto coincide con el viaje de Correa a Napo realizado el 23 de enero de ese año. 
En esa provincia, el entonces jefe de Estado inauguró cinco Unidades de Policía Comunitaria y verificó la construcción del Complejo Judicial de Tena. ? 
De los 39 nombres que se mencionan, cinco personas ocupaban cargos jerárquicos. Al primero se lo identifica con el código A1-RCD. Estas últimas siglas corresponden a Rafael Correa Delgado. De hecho, Martínez fue quien lo identificó con estas iniciales en uno de sus cuadernos en donde llevaba los apuntes. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el mismo nivel de Correa se encuentran tres personas a quienes se les identifica como “líderes” y sus códigos son JG, MD y WS o también llamados L1, L2 y L3. 
Se trata de Jorge Glas, María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, este último exservidor está prófugo por un supuesto peculado cuando dirigió la Secretaría del Agua. 
Según las indagaciones, la función de los ‘líderes’ era gestionar al más alto nivel los aportes. Para esto hablaban directamente con los gerentes o dueños de las empresas y negociaban los denominados “aportes voluntarios”. 
Junto al código JG se dan detalles del proceso de captación de los recursos económicos: “Argumenta que no tiene la adjudicación del contrato, que ellos cumplen a partir de esa fecha y todo en cruce de facturas”. Otro mensaje señala: “El 3 de diciembre del 2013 me reuní y ofreció que entregará 250 000 el 10 de diciembre y otros 250 000 el 17 de diciembre del 2013. Todo líquido”. De la información analizada hasta el momento, Alianza País recaudó USD 6,7 millones en efectivo y otros USD 8,7 millones mediante un esquema de cruce de facturas. 
Este sistema consistía en que cada empresa se comprometía a pagar un monto de los gastos de campañas y mítines políticos a cambio de obras. 
Por ejemplo, una compañía que recibió contratos del Estado para construcciones de carreteras pagó en diciembre del 2013 una factura de USD 60 480, por “honorarios profesionales y marketing publicitario”. Estos servicios fueron realizados por una empresa vinculada con Vinicio Alvarado, exministro, quien se encuentra en Venezuela. 
La Fiscalía citó a Alvarado, para que el 16 de julio próximo entregue su versión, por videoconferencia desde la Embajada de Ecuador en Caracas. ? 
Por debajo de los ‘líderes’, en el segundo nivel, aparecen los coordinadores. En este grupo está Pamela Martínez. Su función era recibir el dinero en efectivo o por cruce de facturas y llevar una doble contabilidad. Debajo de los coordinadores están sus asistentes.