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Política
Asamblea Nacional decidirá el jueves si expulsa a dos legisladoras

Martes 06 Noviembre 2018 | 19:40

La Asamblea Nacional se pronunciará el jueves sobre las denuncias presentadas contra las legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo, quienes se enfrentan a la posibilidad de ser expulsadas de forma permanente.

Los informes de investigación contra ambas, iniciadas por diputados del partido liberal conservador CREO, se conocerán el jueves, según una decisión de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas.
En el caso de Espín, ex miembro del oficialista Alianza País (AP), ha sido acusada de violar el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que dispone que los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo.
"La asambleísta es acusada de incompatibilidad de funciones al visitar en un centro de rehabilitación social de Quito a Diana F.(Falcón), que es una testigo protegida", indica un comunicado de la Asamblea.
Falcón es una de las involucradas en el caso de secuestro en 2012 del político conservador Fernando Balda, que mañana miércoles llega a una fase crucial con la decisión de la jueza de si procesa o no al expresidente Rafael Correa.
Según el testimonio de Falcón, testigo protegida, Espín la visitó con una abogada para pedirle que cambiara su testimonio a cambio de protección y dinero.
Espín sostiene que sólo la visitó por razones humanitarias para verificar su situación.
Una comisión que analizó el caso recomendó aplicar "la sanción prevista en el último inciso del artículo 163 de la LOFL", es decir "que quien incumpla alguna de las prohibiciones de ese mismo artículo perderá la calidad de asambleísta", indica la nota de prensa.
En el segundo caso, el de la oficialista Norma Vallejo, una Comisión Multipartidista determinó que la legisladora incurrió en prohibiciones establecidas en la LOFL, por lo que también se recomienda su destitución.
A Vallejo se la acusa de haber "gestionado un cargo público" en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y de haber realizado "cobros indebidos a sus colaboradores", un llamado diezmo que cobraba de los sueldos de sus asesores. EFE